Jueces y Juezas de Costa Rica, integrantes de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) manifestamos nuevamente profunda preocupación por la creciente y advertida inseguridad que enfrentan los operadores de justicia y funcionarios judiciales en el país y lamentamos el reciente ataque de violencia contra el subjefe regional del Organismo de Investigación Judicial en Guápiles, a quien extendemos nuestra solidaridad, a su familia y a sus compañeros y compañeras de trabajo.
La violencia vinculada al narcotráfico y la criminalidad organizada, ha puesto en serio riesgo la seguridad pública y las instituciones democráticas del país. En este contexto, en el cual es evidente y urgente el fortalecimiento del sistema de justicia, los y las tomadores de decisiones públicas, lejos de cumplir con esa impostergable meta de estado, han aprobado varias reformas legislativas que han tenido como efecto -deseado o no- la inestabilidad y el desmejoramiento constante del funcionamiento y efectividad del sistema judicial. Ejemplo de lo anterior es la regla fiscal.
El atentado ejecutado contra la vida del señor sub jefe regional del OIJ, es un claro ejemplo del debilitamiento producido entre otras, de la garantía de seguridad laboral, la cual es fundamental para permitir que la policía judicial, fiscalía, Jueces y Juezas ejecuten sus funciones sin temor a represalias contra su integridad física y de su familia. El resguardo de la seguridad es parte necesaria de la Independencia Judicial.
La responsabilidad histórica obliga a deponer el deterioro del diálogo político y a ejecutar las soluciones concretas y urgentes que el país requiere. Por ello, es indispensable exigir al Poder Ejecutivo y al Legislativo, la asignación del presupuesto necesario que garantice una justicia eficaz y autónoma, impidiendo que la insuficiencia sea aprovechada como hasta hoy, por la criminalidad organizada.
Fortalecer al Poder Judicial implica necesariamente fortalecer el orden democrático, la estabilidad social, el desarrollo económico y la paz. Un sistema de justicia fuerte e independiente asegura que las leyes se apliquen de manera justa, brindando seguridad jurídica y confianza a todas las personas, impidiendo la impunidad, la corrupción y el abuso de poder desde cualquier esfera pública o privada.
En este contexto resulta obligado reiterar un vehemente llamado constitucional al Poder Ejecutivo de respeto a la independencia del Poder Judicial y, a la Corte Suprema de Justicia, de defenderla conforme sus competencias.
ACOJUD informa que este pronunciamiento será enviado a organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, con el fin de que se tomen medidas para garantizar la integridad y seguridad de los operadores de justicia en Costa Rica.
San José, 3 de febrero del 2025
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ACOJUD
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