3 de febrero 2025, San José, Costa Rica. La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) informa que, el 4 de diciembre de 2024, la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, emitió una comunicación (Other letter) dirigida al Estado de Costa Rica respecto a la situación de la independencia judicial en nuestro país.
Dicha comunicación refleja una serie de denuncias que ACOJUD ha señalado previamente y que fueron transmitidas a la relatoría como nos comprometimos en octubre del 2023 y le reiteramos en setiembre 2024, tales como reformas legislativas regresivas, restricciones presupuestarias que afectan la operatividad judicial, incremento de ataques directos a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo
La intervención de la Relatora Especial en el caso de Costa Rica no es un hecho menor. Su pronunciamiento evidencia que la situación del Poder Judicial costarricense en los últimos años ha alcanzado niveles de preocupación internacional y que las acciones tomadas por otros poderes del Estado pueden estar vulnerando garantías fundamentales reconocidas a nivel global.
La ACOJUD reitera su compromiso con la defensa de la independencia judicial y se mantendrá vigilante ante cualquier situación que pueda afectarla.
Sobre la Relatoría Especial de la ONU
La Relatoría Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados es un mecanismo de las Naciones Unidas establecido en 1994 por la Comisión de Derechos Humanos (ahora el Consejo de Derechos Humanos). Su función es monitorear y evaluar la situación de la independencia judicial en los Estados miembros, asegurando que se respete el principio de separación de poderes y la autonomía del Poder Judicial como garantía fundamental de los derechos humanos y la democracia.
Este mecanismo investiga y emite informes sobre amenazas a la independencia judicial, incluyendo presiones políticas, reformas que socaven la estabilidad del sistema judicial, ataques a jueces y fiscales, y cualquier otro tipo de injerencia indebida. Además, la Relatoría tiene la facultad de solicitar información a los Estados y emitir recomendaciones con base en estándares internacionales de derechos humanos.
Sobre la Carta Adicional
Una «other letter» (cartas adicionales) emitidas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados son comunicaciones formales dirigidas a los Estados miembros y otras partes relevantes, con el propósito de complementar o actualizar la información previamente presentada. Estas cartas pueden ser utilizadas para ampliar detalles de informes previos, responder a hechos o situaciones recientes que afecten la independencia judicial, o solicitar información adicional sobre acciones específicas emprendidas por los gobiernos. Además, sirven para dar seguimiento a situaciones críticas, como violaciones a la independencia judicial, y abogar por medidas correctivas o preventivas
Principales observaciones:
- Reformas al Régimen de Pensiones del Poder Judicial (2017): Se señala que estas modificaciones han perjudicado las condiciones de jubilación del personal judicial, creando disparidades en comparación con otros sistemas de pensiones nacionales.
- Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (2018): Esta legislación ha impuesto recortes salariales y afectado la estabilidad laboral, permitiendo traslados sin consulta previa y limitando el presupuesto judicial, lo que compromete áreas críticas como la lucha contra el crimen organizado.
- Ley 10159 Marco de Empleo Público (2022): Otorga al Poder Ejecutivo facultades que podrían interferir en la administración del Poder Judicial, afectando su autonomía y funcionamiento independiente.
- Presiones del Poder Ejecutivo: Desde mayo de 2022, se han reportado declaraciones del Presidente de la República que podrían socavar la independencia judicial, generando un ambiente de confrontación y desconfianza hacia el sistema judicial.
Información solicitada: La Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados ha solicitado al Gobierno de Costa Rica información adicional y detalles sobre las medidas adoptadas para garantizar la independencia judicial y el cumplimiento de las normas internacionales en el nombramiento de jueces. Puntualmente ha solicitado informar sobre:
- “Sírvase proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas anteriormente.
- Sírvase indicar las medidas adoptadas para garantizar que los nombramientos para el poder judicial en cuestión cumplan con las normas internacionales descritas en el anexo.
- Sírvase explicar las medidas adoptadas por el Gobierno de Su Excelencia para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
- Sírvase indicar las medidas adoptadas para garantizar la independencia de los jueces en el país, de conformidad con los Principios Básicos de Independencia de la Judicatura, instrumento que se describe en el anexo.
- Sírvase indicar qué medidas se han adoptado para garantizar que los jueces puedan llevar a cabo su trabajo legitimo en un entorno seguro y propicio sin temor a amenazas o actos de intimidación y acoso.”
Comunicación completa ingresando aquí
Junta Directiva Nacional
Firma responsable: Adriana Ocorú Chavarría Presidenta
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