Washington, D.C. — Adriana Orocú, Presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) participó en la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrada el 13 de noviembre del 2024, como integrante de la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia, The Cyrus R. Vance Center for International Justice, asociaciones judiciales y organizaciones de sociedad civil de América Latina, se abordó “Situación de la Independencia Judicial en las Américas.”
En dicha audiencia manifestó que la violencia generada por el narcotráfico y la criminalidad organizada ha puesto en riesgo la seguridad pública y las instituciones democráticas de Costa Rica. Este contexto demanda un fortalecimiento urgente del sistema de justicia. En lugar de avanzar, se han aprobado leyes que deterioran las condiciones de la judicatura y del Ministerio Público. Estas medidas incluyen modificaciones regresivas en los sistemas de retiro y pensiones, disminuciones salariales, restricciones presupuestarias y otras que limitan la operatividad y autonomía de jueces y fiscales.
Orocú destacó que estas reformas han provocado una alta tasa de renuncias en el Poder Judicial, reduciendo su capacidad operativa y dificultando el llenado de plazas con personal calificado. Además, se ha introducido la objeción de conciencia para que jueces y juezas se nieguen a recibir capacitación en derechos humanos, y se han implementado acuerdos de Corte Plena que vulneran la inamovilidad y estabilidad judicial, contraviniendo la ley de carrera judicial.
Asimismo, expuso que el Poder Ejecutivo intentado legitimar sus acciones judiciales mediante pronunciamientos que cuestionan decisiones judiciales que interfieren con sus planes de gobierno, lo que mina la confianza pública en el sistema de justicia y amenaza su independencia.
Ante esta situación, los jueces y juezas de la FECAJUD propusieron:
- Comunicación Efectiva: Establecer una comunicación directa y efectiva entre la CIDH y las organizaciones de jueces de cada país, quienes suelen ser los primeros en alertar sobre los ataques a la independencia judicial.
- Relatoría Especial sobre Independencia Judicial: Crear una relatoría dedicada a monitorear la independencia judicial en la región, como han solicitado las organizaciones de la sociedad civil.
- Divulgación de Comunicados Oportunos: Emitir comunicados de prensa a través de los mecanismos de la CIDH para reflejar los ataques que afectan la estabilidad y seguridad de jueces y juezas.
- Medidas Cautelares Urgentes: Tramitar medidas cautelares específicas para operadores de justicia que enfrenten criminalización o amenazas a su estabilidad en el cargo, siguiendo el documento enviado por jueces de la región.
- Priorizar Casos de Independencia Judicial: Dar prioridad a los casos relacionados con la independencia judicial en el sistema de casos de la CIDH, como los ya presentados en Guatemala, El Salvador y Honduras.
- Reuniones con Asociaciones Independientes: Durante las visitas oficiales, reservar tiempo para reunirse con jueces y juezas representados en asociaciones independientes.
- Incluir Apartados sobre Independencia Judicial en Informes de País: Incorporar un apartado específico sobre independencia judicial en los informes de país de la CIDH.
Intervención completa de Adriana Orocú ante la comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH
Enlace para ver audiencia completa: https://www.youtube.com/watch?v=a9b58Vlzyhc&list=PPSV&t=4278s
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