Estimada Doña Laura Fernández y personas diputadas electas:
Desde el Tercer Congreso Nacional de la Judicatura en el 2003, en la ACOJUD hemos mantenido una postura contundente y consecuente respecto a la modificación necesaria y urgente, pero responsable, respecto al sistema de elección de personas Magistradas y de la restructuración de competencias legales y constitucionales de Corte Plena.
Para la judicatura costarricense este NO es un tema nuevo ni sacado a discusión por coyunturas políticas, sin embargo aún cuando hemos realizado numerosos esfuerzos para posicionarlo y al menos discutirlo, no se ha encontrado el apoyo necesario en ninguno de los poderes de la República. Esa postura ha sido defendida en diferentes escenarios por la ACOJUD tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones internacionales de la judicatura y en la Organización de Naciones Unidas, entre otros.
Las propuestas generadas tienen un transparente y fundamentado propósito de fortalecer los estándares internacionales en materia de independencia judicial y a su vez garantizar imparcialidad en la justicia y mejorar la eficiencia del poder judicial. Reiteramos que esta intención no se basa en ningún interés opaco, pasajero ni oportunista.
En concreto, hemos sostenido desde hace más de 20 años la necesidad de una reforma que designe por un único periodo de no más de doce años a las personas magistradas; además, junto con el Foro de Justicia, planteamos mediante iniciativa popular, un proyecto de ley para garantizar transparencia y objetividad al procedimiento interno de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para la selección de las candidaturas aspirantes a la magistratura.
Esta iniciativa no puede verse aislada de la discusión de otras propuestas igualmente relevantes, como la conveniencia o no de la separación entre la gobernanza del Poder Judicial y la casación jurisdiccional, tema que ha sido desatendido por Corte Plena luego de los acuerdos de reformas al Poder judicial del 2017.
La necesidad de los cambios en el modelo actual -el cual en efecto no se ajusta las necesidades de la Costa Rica contemporánea- debe responder a un proceso serio que garantice un Estado democrático de Derecho y no, que resulte en alternativas buscadas que más bien lo debiliten.
Nos ponemos a disposición de los poderes de la república para avanzar en las grandes reformas que necesita el país, respecto al Poder Judicial. En las próximas semanas, nos referiremos a otras importantes iniciativas en diversas materias del ámbito judicial. Esperamos que las mismas, contribuyan al debate democrático.
Atentamente,
MSc. Adriana Orocú Chavarría
Presidenta
ACOJUD
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ACOJUD
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