La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) manifiesta nuevamente su profunda preocupación y repudio ante los ataques reiterados que han recibido jueces y juezas de ejecución de la pena, por parte del Poder Ejecutivo. Estas agresiones mediante manifestaciones públicas en conferencias de prensa, constituyen un claro irrespeto a la independencia judicial y a la división de poderes que consagra nuestra Constitución Política.
Los primeros llamados a considerar la tradición de respeto democrático que había diferenciado a nuestro país históricamente, son quienes ostentan la representación de la ciudadanía y el pueblo, mediante el ejercicio digno y prudente de su cargo.
Resulta inaceptable que, por disconformidad con la aplicación e interpretación de la ley -que es su competencia- se pretenda deslegitimar la labor de la judicatura mediante la exposición pública de nombres e imágenes de jueces y juezas, generando hostigamiento hacia quienes ejercen sus funciones conforme al ordenamiento jurídico. Las discusiones sobre el contenido de las resoluciones jurisdiccionales, como en este caso una medida correctiva, se resuelven mediante impugnaciones fundadas y no por amenazas y populismo.
Los jueces y juezas de ejecución de la pena cumplen un papel esencial en el Estado de derecho y en el proceso penal, cual es asegurar que las sanciones impuestas por los tribunales se cumplan conforme a la ley y bajo parámetros de justicia, velando al mismo tiempo por el respeto a la dignidad humana. Así lo establece el artículo 40 de la Constitución Política, al prohibir tratos crueles o degradantes, además del artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que toda persona privada de libertad tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Ignorar estos mandatos abre la puerta a prácticas propias de regímenes totalitarios, en donde la justicia se sustituye por la venganza y la tortura, algo absolutamente incompatible con la democracia y con el Estado de derecho.
Concretamente, la función que por ley se ha establecido a los jueces y juezas de ejecución de la pena es la defensa de la ley, la justicia y los derechos humanos, y NO como errónea y malintencionadamente se ha dicho, de “defensa de delincuentes”.
Reconocemos que las personas privadas de libertad (en su diversidad, hombres, mujeres, padres, madres, jóvenes, adultos mayores) tienen esa condición como consecuencia de la comisión de delitos. No obstante, la privación de la libertad constituye en sí misma la sanción impuesta, y no puede ser entendida como una autorización para despojar a estas personas de su dignidad ni de los derechos básicos que siguen teniendo bajo custodia del Estado.
También reconocemos que el país enfrenta una de las mayores crisis de seguridad de su historia, la cual se resuelve con acciones concretas de prevención y combate articulado y decidido contra el crimen organizado y narcotráfico, pero no mediante ataques infundados y distractores de responsabilidades. Siempre hemos estado dispuestos a discutir y aportar en eventuales cambios o reformas legales necesarias, siempre en el marco del respeto, con altura y con la seriedad que merece el pueblo de Costa Rica.
La preocupación externada también ha sido manifestada por la Relatora de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, en su carta de alegaciones (Ref.: AL CRI 3/2024), quien señaló al gobierno de Costa Rica que: «Los jueces deben tener libertad y protección adecuada para ejercer sus funciones profesionales sin interferencias políticas ni presiones o influencias indebidas. Asimismo, es responsabilidad del Estado costarricense garantizar la protección de jueces y fiscales para que puedan desempeñar su labor con seguridad». Sin embargo, hasta la fecha, no se han observado señales de avance y por el contrario, se perciben retrocesos que contravienen estas recomendaciones internacionales.
ACOJUD reitera su compromiso con la independencia judicial, la institucionalidad democrática y la dignidad de todas las personas, en cumplimiento de los estándares constitucionales e internacionales que obligan al Estado costarricense.
Estos ataques no nos van a intimidar. La judicatura honrará siempre su juramento de observar y defender la Constitución, las leyes de la República y cumplir fielmente con los deberes de nuestro destino.
Junta Directiva Nacional
San José, Costa Rica 3 de septiembre de 2025
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